El aborto del doble estándar*

En la primera mitad del siglo pasado, aunado al triunfo de una revolución basada en el materialismo dialéctico, Rusia se convierte en el primer país en legalizar el aborto. Una sociedad con libertades individuales restringidas pero con posibilidades de interrumpir un embarazo hasta las 22 semanas de gestación, siempre que se halle inmerso en una de las 13 circunstancias especiales o “indicadores sociales”, que incluyen al divorcio, la pobreza y el desempleo. Con el paso del tiempo estas se han ido reduciendo y actualmente se hace difícil realizar un aborto pasadas las 12 semanas, salvo se trate de indicadores como la violación, el encarcelamiento, la muerte o la incapacidad severa del esposo y el mandato de la corte por despojar de derechos a la madre.

En la otra orilla, los Estados Unidos de Norteamérica, bastantes años después que Rusia, abre el camino a partir de largos procesos judiciales que concluyen en el Tribunal Supremo. Los procesos de Roe vs Wade y Doe vs Bolton, son claves para comprender la transformación. Las sentencias hablan de una vida humana en potencia y que puede ser detenida alegando razones de salud materna. Sin embargo, las razones o motivaciones pueden ser varias y llevadas a cabo más allá de los tres meses de gestación. Los fallos permiten que una mujer casada, por ejemplo, se realice el aborto sin consentimiento del esposo y que una menor de edad lo realice sin que los padres se enteren. Los Estados miembros, por su parte, pueden regular salvo que, por dictamen médico, sea necesario preservar la vida o salud de la madre.

En el Perú el aborto terapéutico esta permitido pero claro, pocos centros de salud lo realizan, y a inicios de este mes se pretende ingresar dos causales mas: (i) Aquella que tras exámenes médicos señala que el feto tiene deficiencias físicas que no le permitirán vivir mucho tiempo, y (ii) en el caso de violación.

El primer supuesto no es que cambie la calidad de vida, que sea ciego o cojo, sino que, por ejemplo, nazca sin cerebro, sin estomago o sin órganos vitales que no le permitan continuar con vida. Este y no otro es el debate actual.

Como tantos otros temas difíciles, estos tendrán una realización legal y otra real. Los abortos clandestinos, por razones varias, continuarán pero quizás sean menos y más seguros si el Estado asume su rol laico y guardián de las libertades.

Una sorpresa que la Iglesia levante airadamente su voz para proteger la vida sin un acto de contrición respecto de los cientos de abortos y fetos encontrados en los sótanos de las iglesias o en los antiguos conventos.

Como señala el titulo de esta reseña, es la hipocresía y el doble estándar los que deben quedar atrás, los que deben ser interrumpidos. Como anota Savater, el niño que nació sin cariño y es obligado a vivir en una familia que no lo quiere y maltrata solo le queda esperar que alguien apruebe la eutanasia.


* El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2000) le reitero al Estado peruano que penalizar el aborto es incompatible con los artículos 3, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité contra la Tortura ha señalado que restringir interrupciones voluntarias de embarazo, incluso en caso de violación, ha decantado en graves daños y muertes innecesarias.

Apuntes y secuelas a partir del discurso presidencial ¿Despeñándose para el bicentenario?

El discurso es de Alan García así que los adjetivos son siempre escasos. Esta reflexión se detiene en asuntos públicos de personal atención y de muy breve análisis (el tiempo es corto).

La descentralización

El gobierno nacional acusa a los subniveles de gobierno de escasa capacidad en la ejecución del gasto pero no reconoce ni dice nada de sus Ministerios que, en lo que va del año, sólo han ejecutado el 23.1% de lo estimado. No por ello se libran los GR ni locales, pero la desgracia solo se reproduce. Los GR apenas han gastado 17.6% y las Municipales Provinciales (capitales de departamento o de GR) tan solo el 24.9% (Perú Descentralizado, boletín Nro. 11).

No existe de parte del soberbio estado nacional ni de las pequeñas soberbias provinciales intenciones por formar Regiones y por tanto, establecer administraciones y políticas territoriales amplias e integradas. La ley permite que esta iniciativa la tengan los presidentes regionales, los partidos políticos nacionales o movimientos regionales respaldados por 10% de la ciudadanía; o bien por el 10% de los departamentos con intención de integrarse. Como diría mi abuelita: nones. De esto no hay nada. Nadie quiere soltar la teta, perdón, las 25 tetas ¿y ahora?

Desactivado el Consejo Nacional de Descentralización y reemplazada por la secretaria para la descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, el proceso parece haber perdido dinamismo.

Hasta ahora no se ha instalado el Consejo de Coordinación Intergubernamental como obliga la ley orgánica del poder ejecutivo y la realidad de las provincias; tampoco existe un Sistema de Información Regional que permita un seguimiento de las formas democratizadoras de la gestión regional (formas de participación, control, planificación y gestión), no por un afán exclusivamente académico, que no es poco sino necesario para hacer políticas públicas, si no además, porque estos criterios son necesarios para la acreditación de competencias y la transferencia de recursos.

En este penoso escenario García propone descentralizar popularmente. Se trata mas bien de desconcentrar antojadizamente, de restar participación a los gobiernos elegidos popularmente, es decir, no es descentralista; y además decide desde el gobierno central, con criterios técnicos que nadie conoce, donde invertir 160 mil dólares por proyecto y no en otro ¿Cómo se decide cuál si y cuál no?

Seguridad ciudadana

La seguridad sigue siendo entendida como un problema de agencias específicas como la policía, el Gobierno local y quien administra justicia, la denominada mesa de tres patas o el triangulo de la seguridad. Nada tan equivocado.

Este fenómeno social y multidimensional se enfrenta con un sistema integral multiagencias que tiene vida formal en el Perú pero no real. Un llamado de atención al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

El nuevo proceso penal garantista, al que hace mención el presidente, por ejemplo, en reemplazo del inquisitivo es un compromiso estatal, no exclusivo del Perú, sino de todos los de la Región salvo Uruguay que aún no lo inicia.

Los planes nacionales de seguridad, diseñados desde hace cinco años seguidos, es un buen ejercicio que construye expertos pero una tomadura de pelo al observarlos en detalle.

Sus objetivos resultan ser las finalidades institucionales, que fácil no; y no hay indicadores cuantificables o medibles que permitan decir después de un semestre si se ha cumplido con los resultados o con las competencias comprometidas.

La actual política de seguridad pasa por la exclusiva compra de transporte motorizado y el amarre temporal con las empresas que venden los vehículos, a través del equipamiento adecuado y la compra de repuestos. Lima, por ejemplo, no cuenta todavía con un sistema de comunicación entre todas las comisarías; estas no tienen acceso a registros de identificación y otras muchas no tienen Internet.

Para verificación internacional, Perú participa por tercera vez en una comparación mundial de comisarías, la sociedad civil observa y califica de manera estandarizada, y a pesar de que en muchas de estas visitas participan vecinos de las juntas, cercanos a las comisarías, nuestros establecimientos son de los peores evaluados a nivel mundial.

Revisar lo dicho sobre un penal en la selva para corruptos lo considero una perdida de tiempo que solo refleja el desprecio presidencial por el oriente peruano que lo ve como zona de castigo o de explotación.

Dos días después del discurso presidencial, el Ministro del interior promete formar una oficina de conflictos sociales cuando la Defensoría del Pueblo ya tiene una que funciona hace varios años y que seria mas barato para el Estado integrar o construir un equipo conjunto y no un área similar.

Además se plantea la penalización del consumo prohibiendo el porte mínimo, asumiendo que esta siempre sale de la calle, qué pasa con el autocultivo en el caso de la marihuana. ¿Se ha planteado el consumo responsable o la reducción del daño? ¿Podemos pensar también en no vender mas alcohol por ser una de las principales causas de accidentes de transito o de violencia familiar o del abuso de otras sustancias?

Anticorrupción

Sobre esto nada, la última vez que hubo un esfuerzo más o menos serio al respecto fue el Consejo de Iniciativas Nacionales Anticorrupción en el gobierno de Paniagua, aún siguen ahí las propuestas nacionales y sectoriales anticorrupción.

Colofón

Se vienen doscientos años de vida republicana y para cumplirlos, aún en tierra y no cayendo, debemos mejorar nuestra puntería y acciones.

Integrar la pluralidad nacional es un proceso largo y aún lento, lentísimo, pero creo que es el primero.

Y, aún la pendiente reforma del Estado, creo que pasa por los caminos de una Descentralización política “dirigida” y una descentralización fiscal “coordinada”; una reforma educativa y de salud, que deben funcionar juntas, la jornada completa escolar, que permite mayor libertad de la PEA debe contener alimentación y formación en liderazgo, modernidad y convivencia en las escuelas; el Sistema de Seguridad Pública funciona, como otros, con amplia y certera información, la necesitamos; además, es tarea del Estado la promoción y defensa del trabajo individual y colectivo; la reducción de la pobreza a través de la unificación de sistemas sociales y actuación líder de los gobiernos locales; y finalmente, la formación de una sociedad libre y laica, en donde las libertades individuales no sean sancionadas, con sitio para tod@s, como dicen en las combis.

Salud por un año más como república…

El reingreso de la Defensoría Penal en el rompecabezas de la Seguridad Pública

En la dinámica de la seguridad pública se exige garantizar la legalidad de las acciones en el marco del nuevo proceso penal garantista por lo cual se requiere de un defensor penal que contra reste la acción del Ministerio Público. Así nace la ley 29360 que remoza la vieja actuación del abogado de oficio.

Esta ley se enmarca en la política de redes de la Seguridad Pública peruana. Se arma un engranaje desconcentrado, es decir, las decisiones se toman localmente pero el mandato proviene del órgano central, en este caso, de la Dirección General de Defensa del Ministerio de Justicia y localmente, a través de la Dirección Distrital en cada Distrito Judicial.

Las Direcciones distritales de defensa pública - en este nuevo escenario - deben ser convocadas a ser parte de los comités distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC).

El servicio tiene dos órganos o aparatos de actuación, uno de gestión y otro ejecutivo compuesto por los defensores públicos. Esta de más que sean estos últimos los que asistan al CODISEC pero si cuando se trata de la agencia administrativa o de gestión, la que por su acceso a información y comportamiento en la persecución del delito, debe ser parte del debate de la seguridad local.

Este nivel de gestión debe corroborar también las condiciones económicas del imputado merecedor de defensa, realizar análisis de casos, tendencias, gráficas, diseñar programas de información al público, etc. Los operativos, es decir, el ejercito de defensores deben priorizar y centrarse en realizar eficientemente su trabajo legal.

El servicio no diferencia si es adulto o adolescente infractor todo imputado debe participar en el proceso sin dañar o quebrantar el debido proceso.

Los defensores penales son aquellos que integran la Dirección General de Defensa Pública y también, los adscritos a ella mediante convenios y que no mantienen ninguna relación laboral con el Ministerio de Justicia. Es un avance importante que sea requisito hablar quechua o Aymara en las zonas donde estas lenguas son utilizadas, además de una serie de tradicionales requisitos que supone que el defensor penal es un profesional idóneo.

El defensor penal no acude solo ante el que demuestre escasos recursos lo hace también para validar las acciones procesales cuando el imputado no cuenta con defensor.

¿La seguridad Ciudadana de quién?

Obligado a vivir en su ficción y mentira, García retoma el comienzo del día con la misma tranquilidad que la anterior y la anterior. Sus frases se reeditan de mejor manera y no deja de observarse desde lentes y enfoques diferentes. La patología del que esta en lo cierto muchas veces se confunde con hipocresía, ¿acaso uno cree realmente lo que dice o juega a hacerse el loco?

Djanjo espera una oportunidad para moverse y García habla por la radio, es 1986 y la composición seguridad ciudadana ya resuena, esta está a cargo de los alcaldes –dice- y es tarea de todos. Imposible no imaginar defensa civil: tarea de todos. La verdad es que es mentira.

Tarea de todos no es. De seguro que jugaría un papel importante un comité de seguridad en el que participen ex - convictos, pandiller@s que negocian impunidad, población en riesgo, victimizados más de una vez y victimarios frecuentes. Es mentira que ciudadanos consumidores de sicotrópicos ilegales tengan espacio para alentar un consumo racional, es más sencillo y para muchos mejor apelar al conductismo. Alguien ha visto un comité de SC integrado por mujeres que participan del comercio sexual, incluso, alejados de liberalismos, se ven comités en donde participen estudiantes estatales o grupos de graffiteros. La respuesta es vieja: No, no hay y si existen es una excepción o quizás una anomalía.

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC) es un ejemplo organizativo para otros países de la región, es considerado nuestro producto bandera como es el policía del plan cuadrante en Chile o el plan de la cultura de Paz en Bogota. Sin embargo, una encuesta a expertos organizada por este blog –es decir, por mí - e ingresada al software del Sistema Métrico de Impactos Cruzados (SMIC), ha permitido un análisis probabilístico a partir de las tendencias, dando señales del futuro y presente de este producto bandera.

La investigación observa los países de Chile, Perú, Colombia y México y califica las hipótesis expuestas en tres dimensiones: baja probabilidad, mediana y alta probabilidad. A manera regional se concluye que existe, de un modo bastante tenue una “alta probabilidad” de que se reconozca y consoliden Sistemas Nacionales de Seguridad Ciudadana; que es similar la tendencia a que se consoliden Planes Nacionales; que existe una “mediana probabilidad” de que se modernicen y profesionalicen las fuerzas de seguridad pública; y finalmente, una reducida “mediana posibilidad” de que cambie la matriz de pensamiento en relación a la seguridad, a considerarla como un ejercicio cotidiano hacia la vida digna.

Al observar el Perú al detalle, la puntuación se pone complicada para los peruanos, es mediana y no alta la probabilidad de que se consolide el SNSC y no hay que ser brujos. La poca integración de actores deslegitima el proceso y lo hace ineficiente, peor aún cuando se integra escasamente a los más perjudicados por la inseguridad: l@s jóvenes. Hay que agregar que el órgano central, CONASEC, no exhibe los planes regionales de SC, menos aún podrá hacer seguimiento de los locales, aunque si podría haber identificado ya los territorios complicados y realizar monitoreos transparentables, pero no, nada todavía. Al menos nada con lo transparentable.

El ejercicio anual de diseñar políticas nacionales – bastante mal diseñadas por la dificultad de hacer seguimiento- es observado en el análisis prospectivo como de mediana consolidación y bastante, bastante lejos la posibilidad de que las fuerzas de seguridad se modernicen o profesionalicen, menos aún que cambie la matriz de pensamiento de control y reacción hacia la construcción de vida digna.

Las alocuciones, poco o muy poco transforman escenarios, mientras que las acciones distantes a la cotidianeidad si lo hacen. La ruptura con el conservadurismo, la puesta a prueba de la costumbre, presa de la libertad, es un camino atrayente, es una ruta de políticas y de programas innovadores e inclusivos.