El gobierno puso en marcha nuevos criterios de actuación pública y para contrarrestar las bandas delictivas, el narcotráfico y terrorismo ha preferido empapelar antes que aceitar las ruedas de la prevención y el control del delito. Son once decretos legislativos que sin cortapisas ya se encuentran funcionando y que acarrea más enemigos que amigos pactistas por la gobernabilidad. Ocho muertos en apenas un año de gobierno demuestra que los necesita con urgencia.
Entre los palos del tipo penal de la extorsión entró el derechazo contra las protestas sociales. El supuesto de hecho de la norma, obligar por medio de la violencia favores que benefician a uno o a terceros, se ha pretendido dentro de las facultades delegadas por el congreso para legislar sobre bandas delictivas. Ahora que el partido de gobierno tiene tan solo tres presidentes regionales, luego que en el 2002 contara con 12 regiones a su favor y que lideraron sendas jornadas de protesta contra el gobierno de Toledo, les resulta incomodo, considerado violento e inconstitucional, que estas reciban el apoyo de autoridades regionales o locales. El criterio recibe el irreflexivo apoyo de empresarios que han olvidado que cuando en política se golpea al oponente este solo espera el momento para devolverlo con creces, cuesta entender que la sostenibilidad de los negocios pasa también por el dialogo.
La “supuesta” inimputabilidad del agente policial que usa el arma en cumplimiento de su función, causando daños incluso la muerte, no necesita ser normada. Un policía, que además paga por las balas que utiliza, convive con los mismos criterios de razonabilidad que un ciudadano común al hacer uso de la legítima defensa, en ambos casos, el proceso igual se iniciará. Peligroso y absurdo que el responsable de la violencia legítima del Estado sea puesto, por inimputable, al nivel de un incapaz o un menor de edad y, por tanto, exento a la apertura de procesos cuando por se funcionario estatal es más responsable de sus actos.
Se sanciona y fuerte a servidores estatales que encubren a implicados en lavanderías de dinero y acciones terroristas pero no se contiene a los que encubren bandas delictivas, razón de la delegación de facultades. En el año 2001, en una inédita encuesta a policías, declararon que lo primero que debería ser mejorado es la lucha contra la corrupción: el 49% señalo que la tarea más importante de la (trunca) reforma policial era depurar a los corruptos, el 64.7% apoyaba la creación de una unidad complementaría que luchara contra la corrupción; y, el 58.1% veían la labor de la inspectoría como insuficiente. Si bien es cierto que las preguntas no discriminaron entre corrupción operativa y la administrativa, es un conocimiento de barrio que existen policías que conocen y colaboran con las cadenas delictivas.
Por otro lado, la neo penalización de la comercialización y siembra de las consideradas drogas, es más de lo mismo, cuando en la otra acera del mismo fenómeno, no se hace nada por controlar el consumo problemático. Por poner un ejemplo, en San Juan Bautista (Huamanga – Ayacucho), el licor que se ingiere en las chicherías cercanas a los colegios vale un sol. Resulta más sencillo tomarse dos botellas y estar alejado de la realidad y cercano a la trasgresión, que conseguir un paquete de cocaína o marihuana que por su precio – aunque bastante accesible- segmenta el mercado.
Hay anotaciones interesantes como la imposibilidad de suspender la pena si se trata de un reincidente, y otras, que no era necesario normar, menos aún en una sociedad que sufre de la informalidad frente a la norma. El gobierno debe darse cuenta que mas que normas se necesita acción pública concertada, trabajos mas cercanos entre policías y fiscales, ensayar en un distrito de alta concentración delictiva, la implementación con tribunales de justicia y no dejarlo en las manos autónomas del Poder judicial, como hace en los decretos, sumar tecnologías de información, antes que mas patrulleros, en pro de un mejor manejo de datos y superiores practicas investigativas.
Al congreso aún le queda revisar los decretos que deben estar en la comisión de constitución, el reglamento les da diez días, esperemos algunos mas, pero obligatoriamente deben presentar un dictamen. Dejarlo pasar va a significar la extensión de un pensamiento represivo y conservador para enfrentar la delincuencia, una matriz de políticas que hace, por ejemplo, que la municipalidad de Breña le pida a los comandos del ejército que capaciten a sus serenos. El camino esta por otro lado y el ciego marcha sin bastón bajo la lluvia. Felices Fiestas Patrias.
Santiago de Chile, 27 de Julio de 2007
