LA SEGURIDAD PRIVADA EN EL PERU

Enrique Castro Vargas
Investigador asociado TAP/Perú

Hacia fines del año 2010, mil setecientos cuarenta y un (1,741) empresas fueron admitidas por el estado peruano para trabajar en materia de seguridad privada y esta situación genera que alrededor de 150 mil personas se desenvuelven en este ámbito. Lamentablemente, este acercamiento en cifras no valora el número real de empresas y empleados en seguridad privada de una sociedad alta, altísimamente, informal.

El eslabón de la seguridad privada es un factor diminuto e imperceptible cuando se hace política pública en materia de seguridad ciudadana en el Perú y que además se hace muy poca.

Desde el año 2005 la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Privada participa del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CONASEC) y es integrado en los planes nacionales con actividades bastante formales, baladíes y con metas ambiguas, evidentemente sin ningún monitoreo ni evaluación. Consideraciones negativas que resultan también transversales a los demás actores involucrados.

Actividades comprometidas por las empresas de seguridad privada en los Planes Anuales de SC

2007
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana

2008
* Participar sesiones del CONASEC y contribuir a formular plan estratégico en Seguridad Ciudadana
* Formar parte de los comités de Seguridad Ciudadana y desarrollar actividades de apoyo, colaboración y auxilio a la PNP
* Incluir en la currículo de instrucción y capacitación del personal de seguridad privada el conocimiento sobre seguridad ciudadana
* Participar en operativos conjuntos organizados por los comités de Seguridad Ciudadana

2009
* NINGUNA

2010
* Identificar y reportar a la Secretaría Técnica del CONASEC los servicios de seguridad que presta las empresas de seguridad privada.
Fuente: Elaboración propia, Planes Nacionales de seguridad ciudadana 2006, 2007, 2008, 2009, 2010


Pese a su presencia en los planes nacionales no existe experiencia de participación de las empresas de seguridad en comités locales y en reciente trabajo del TAP en 3 municipios de Lima (Miraflores, Comas y Villa el Salvador) no aparecen participando en ningún espacio local. Las acciones del Plan 2010 fueron reportadas por la División de la Policía que centraliza esta información y no por la asociación de empresas de seguridad que en la actualidad se encuentra bastante beneficiada por el temor a ser víctima de un delito.

El mercado de la seguridad privada en el Perú viene creciendo e involucrando sumas importantes de dinero lo que viene acompañado del incremento de armas tanto para los que ejercen la seguridad como para los que la combaten desde la delincuencia, su presencia felizmente es poco aceptada como medio de seguridad para el ciudadano de a pie, quienes según las encuestas de opinión prefieren otros medios para brindarse seguridad.

Deficiencias de integración
Se apela, desde el gobierno, a la paulatina participación de la seguridad privada en seguridad urbana, sin embargo, como ya lo demostró la asociación "Ciudad Nuestra", la comunicación entre policías nacionales, serenos o guardias municipales y la seguridad privada se ve perjudicada por la tenencia de diferentes tipos de radio; incluso entre la misma policía nacional, lo que impide una adecuada comunicación entre estas fuerzas de seguridad estatal, municipal y ahora privada.

La ley y reglamento sobre servicios de seguridad privada dice poco a favor de la colaboración entre estas fuerzas, dejando la participación de personal operativo de seguridad privada a la colaboración, auxilio y apoyo sólo “en caso ser requerido por la policía nacional”. Y un tímido aviso a la seguridad privada para que “procuren compatibilizar los aspectos técnicos de los sistemas de comunicación (radial y otros) que emplean las centrales y personal operativo, con las fuerzas de la policía, serenazgos y cuerpo de bomberos”. La norma vuelve a señalar explícitamente la prohibición de desempeñar funciones que competen a la Policía Nacional.

Recién en la primera disposición complementaria del reglamento se menciona que la Dirección policial correspondiente (DICSCAMEC) en coordinación con las Municipalidades y los gremios empresariales de servicios de seguridad privada promoverán programas gratuitos de capacitación a personas naturales informales que presten servicios individuales de seguridad en viviendas o establecimientos, agrega de conformidad con el Plan nacional de seguridad ciudadana. Suponemos que el reglamento aprobado el 2011 se refiere al plan del año 2007 y 2008.

Estos denominados guachimanes (del inglés wacht man) pueden, no es imperativo según la norma, ser empadronados por los Municipios en convenio con la DICSCAMEC. En conclusión, la norma regula, clara y principalmente, el ingreso de diferentes tipos de empresas de seguridad al mercado nacional y menciona sin ninguna organicidad ni fuerza la participación de la seguridad privada en materia de seguridad ciudadana.

Armas ligeras en la actualidad peruana
Las muertes por arma de fuego aumentan en el país, el dato duro de homicidios crece mientras que –paradójicamente- la totalidad de delitos se reduce según la información de la Policía Nacional. De registrar 1,500 muertes en el año 2004 se pasa a hacerlo con más de 4,000 para el año 2010.

Sin embargo, en el plano de las normas y los acuerdos, el Perú, como pocos en América Latina, es el que más ha avanzado en la implementación del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y ligeras. Anualmente presenta informes a la ONU sobre el plan de acción, es un defensor de procesos como el ATT, la Decisión 552 de la Comunidad Andina o el ITI (Instrumento internacional de marcaje y rastreo de armas), además constituyó una Comisión Nacional Multisectorial contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados) en donde la participación de la sociedad civil es aún limitada.

Sin embargo, el número de muertes asociadas a las armas de fuego, los mercados ilegales y su necesidad de defenderlos, el creciente trabajo de sicarios y los asaltos con mayor violencia parecen generar un aviso importante. A esto podemos agregar que según la PNP en el año 2010 se denunciaron como robadas y/o perdidas más de 1,400 armas de fuego y sólo se recuperaron 8.

En Perú hay avances importantes a nivel de política de estado para adecuarse a las líneas mayores de Naciones Unidas pero a nivel local, y en donde se desenvuelve el ciudadano de a pie, hay una cultura de la violencia y del arma que nos debe poner a trabajar en contrarrestar la presencia indiscriminada de armas de fuego transformándose hacia un uso racional, adecuado y excepcional ya que en ningún caso es intención de este artículo ir hacia la prohibición de su uso pero debemos evitar su presencia masiva e irracional.

El aborto del doble estándar*

En la primera mitad del siglo pasado, aunado al triunfo de una revolución basada en el materialismo dialéctico, Rusia se convierte en el primer país en legalizar el aborto. Una sociedad con libertades individuales restringidas pero con posibilidades de interrumpir un embarazo hasta las 22 semanas de gestación, siempre que se halle inmerso en una de las 13 circunstancias especiales o “indicadores sociales”, que incluyen al divorcio, la pobreza y el desempleo. Con el paso del tiempo estas se han ido reduciendo y actualmente se hace difícil realizar un aborto pasadas las 12 semanas, salvo se trate de indicadores como la violación, el encarcelamiento, la muerte o la incapacidad severa del esposo y el mandato de la corte por despojar de derechos a la madre.

En la otra orilla, los Estados Unidos de Norteamérica, bastantes años después que Rusia, abre el camino a partir de largos procesos judiciales que concluyen en el Tribunal Supremo. Los procesos de Roe vs Wade y Doe vs Bolton, son claves para comprender la transformación. Las sentencias hablan de una vida humana en potencia y que puede ser detenida alegando razones de salud materna. Sin embargo, las razones o motivaciones pueden ser varias y llevadas a cabo más allá de los tres meses de gestación. Los fallos permiten que una mujer casada, por ejemplo, se realice el aborto sin consentimiento del esposo y que una menor de edad lo realice sin que los padres se enteren. Los Estados miembros, por su parte, pueden regular salvo que, por dictamen médico, sea necesario preservar la vida o salud de la madre.

En el Perú el aborto terapéutico esta permitido pero claro, pocos centros de salud lo realizan, y a inicios de este mes se pretende ingresar dos causales mas: (i) Aquella que tras exámenes médicos señala que el feto tiene deficiencias físicas que no le permitirán vivir mucho tiempo, y (ii) en el caso de violación.

El primer supuesto no es que cambie la calidad de vida, que sea ciego o cojo, sino que, por ejemplo, nazca sin cerebro, sin estomago o sin órganos vitales que no le permitan continuar con vida. Este y no otro es el debate actual.

Como tantos otros temas difíciles, estos tendrán una realización legal y otra real. Los abortos clandestinos, por razones varias, continuarán pero quizás sean menos y más seguros si el Estado asume su rol laico y guardián de las libertades.

Una sorpresa que la Iglesia levante airadamente su voz para proteger la vida sin un acto de contrición respecto de los cientos de abortos y fetos encontrados en los sótanos de las iglesias o en los antiguos conventos.

Como señala el titulo de esta reseña, es la hipocresía y el doble estándar los que deben quedar atrás, los que deben ser interrumpidos. Como anota Savater, el niño que nació sin cariño y es obligado a vivir en una familia que no lo quiere y maltrata solo le queda esperar que alguien apruebe la eutanasia.


* El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2000) le reitero al Estado peruano que penalizar el aborto es incompatible con los artículos 3, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité contra la Tortura ha señalado que restringir interrupciones voluntarias de embarazo, incluso en caso de violación, ha decantado en graves daños y muertes innecesarias.

Apuntes y secuelas a partir del discurso presidencial ¿Despeñándose para el bicentenario?

El discurso es de Alan García así que los adjetivos son siempre escasos. Esta reflexión se detiene en asuntos públicos de personal atención y de muy breve análisis (el tiempo es corto).

La descentralización

El gobierno nacional acusa a los subniveles de gobierno de escasa capacidad en la ejecución del gasto pero no reconoce ni dice nada de sus Ministerios que, en lo que va del año, sólo han ejecutado el 23.1% de lo estimado. No por ello se libran los GR ni locales, pero la desgracia solo se reproduce. Los GR apenas han gastado 17.6% y las Municipales Provinciales (capitales de departamento o de GR) tan solo el 24.9% (Perú Descentralizado, boletín Nro. 11).

No existe de parte del soberbio estado nacional ni de las pequeñas soberbias provinciales intenciones por formar Regiones y por tanto, establecer administraciones y políticas territoriales amplias e integradas. La ley permite que esta iniciativa la tengan los presidentes regionales, los partidos políticos nacionales o movimientos regionales respaldados por 10% de la ciudadanía; o bien por el 10% de los departamentos con intención de integrarse. Como diría mi abuelita: nones. De esto no hay nada. Nadie quiere soltar la teta, perdón, las 25 tetas ¿y ahora?

Desactivado el Consejo Nacional de Descentralización y reemplazada por la secretaria para la descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, el proceso parece haber perdido dinamismo.

Hasta ahora no se ha instalado el Consejo de Coordinación Intergubernamental como obliga la ley orgánica del poder ejecutivo y la realidad de las provincias; tampoco existe un Sistema de Información Regional que permita un seguimiento de las formas democratizadoras de la gestión regional (formas de participación, control, planificación y gestión), no por un afán exclusivamente académico, que no es poco sino necesario para hacer políticas públicas, si no además, porque estos criterios son necesarios para la acreditación de competencias y la transferencia de recursos.

En este penoso escenario García propone descentralizar popularmente. Se trata mas bien de desconcentrar antojadizamente, de restar participación a los gobiernos elegidos popularmente, es decir, no es descentralista; y además decide desde el gobierno central, con criterios técnicos que nadie conoce, donde invertir 160 mil dólares por proyecto y no en otro ¿Cómo se decide cuál si y cuál no?

Seguridad ciudadana

La seguridad sigue siendo entendida como un problema de agencias específicas como la policía, el Gobierno local y quien administra justicia, la denominada mesa de tres patas o el triangulo de la seguridad. Nada tan equivocado.

Este fenómeno social y multidimensional se enfrenta con un sistema integral multiagencias que tiene vida formal en el Perú pero no real. Un llamado de atención al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

El nuevo proceso penal garantista, al que hace mención el presidente, por ejemplo, en reemplazo del inquisitivo es un compromiso estatal, no exclusivo del Perú, sino de todos los de la Región salvo Uruguay que aún no lo inicia.

Los planes nacionales de seguridad, diseñados desde hace cinco años seguidos, es un buen ejercicio que construye expertos pero una tomadura de pelo al observarlos en detalle.

Sus objetivos resultan ser las finalidades institucionales, que fácil no; y no hay indicadores cuantificables o medibles que permitan decir después de un semestre si se ha cumplido con los resultados o con las competencias comprometidas.

La actual política de seguridad pasa por la exclusiva compra de transporte motorizado y el amarre temporal con las empresas que venden los vehículos, a través del equipamiento adecuado y la compra de repuestos. Lima, por ejemplo, no cuenta todavía con un sistema de comunicación entre todas las comisarías; estas no tienen acceso a registros de identificación y otras muchas no tienen Internet.

Para verificación internacional, Perú participa por tercera vez en una comparación mundial de comisarías, la sociedad civil observa y califica de manera estandarizada, y a pesar de que en muchas de estas visitas participan vecinos de las juntas, cercanos a las comisarías, nuestros establecimientos son de los peores evaluados a nivel mundial.

Revisar lo dicho sobre un penal en la selva para corruptos lo considero una perdida de tiempo que solo refleja el desprecio presidencial por el oriente peruano que lo ve como zona de castigo o de explotación.

Dos días después del discurso presidencial, el Ministro del interior promete formar una oficina de conflictos sociales cuando la Defensoría del Pueblo ya tiene una que funciona hace varios años y que seria mas barato para el Estado integrar o construir un equipo conjunto y no un área similar.

Además se plantea la penalización del consumo prohibiendo el porte mínimo, asumiendo que esta siempre sale de la calle, qué pasa con el autocultivo en el caso de la marihuana. ¿Se ha planteado el consumo responsable o la reducción del daño? ¿Podemos pensar también en no vender mas alcohol por ser una de las principales causas de accidentes de transito o de violencia familiar o del abuso de otras sustancias?

Anticorrupción

Sobre esto nada, la última vez que hubo un esfuerzo más o menos serio al respecto fue el Consejo de Iniciativas Nacionales Anticorrupción en el gobierno de Paniagua, aún siguen ahí las propuestas nacionales y sectoriales anticorrupción.

Colofón

Se vienen doscientos años de vida republicana y para cumplirlos, aún en tierra y no cayendo, debemos mejorar nuestra puntería y acciones.

Integrar la pluralidad nacional es un proceso largo y aún lento, lentísimo, pero creo que es el primero.

Y, aún la pendiente reforma del Estado, creo que pasa por los caminos de una Descentralización política “dirigida” y una descentralización fiscal “coordinada”; una reforma educativa y de salud, que deben funcionar juntas, la jornada completa escolar, que permite mayor libertad de la PEA debe contener alimentación y formación en liderazgo, modernidad y convivencia en las escuelas; el Sistema de Seguridad Pública funciona, como otros, con amplia y certera información, la necesitamos; además, es tarea del Estado la promoción y defensa del trabajo individual y colectivo; la reducción de la pobreza a través de la unificación de sistemas sociales y actuación líder de los gobiernos locales; y finalmente, la formación de una sociedad libre y laica, en donde las libertades individuales no sean sancionadas, con sitio para tod@s, como dicen en las combis.

Salud por un año más como república…

El reingreso de la Defensoría Penal en el rompecabezas de la Seguridad Pública

En la dinámica de la seguridad pública se exige garantizar la legalidad de las acciones en el marco del nuevo proceso penal garantista por lo cual se requiere de un defensor penal que contra reste la acción del Ministerio Público. Así nace la ley 29360 que remoza la vieja actuación del abogado de oficio.

Esta ley se enmarca en la política de redes de la Seguridad Pública peruana. Se arma un engranaje desconcentrado, es decir, las decisiones se toman localmente pero el mandato proviene del órgano central, en este caso, de la Dirección General de Defensa del Ministerio de Justicia y localmente, a través de la Dirección Distrital en cada Distrito Judicial.

Las Direcciones distritales de defensa pública - en este nuevo escenario - deben ser convocadas a ser parte de los comités distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC).

El servicio tiene dos órganos o aparatos de actuación, uno de gestión y otro ejecutivo compuesto por los defensores públicos. Esta de más que sean estos últimos los que asistan al CODISEC pero si cuando se trata de la agencia administrativa o de gestión, la que por su acceso a información y comportamiento en la persecución del delito, debe ser parte del debate de la seguridad local.

Este nivel de gestión debe corroborar también las condiciones económicas del imputado merecedor de defensa, realizar análisis de casos, tendencias, gráficas, diseñar programas de información al público, etc. Los operativos, es decir, el ejercito de defensores deben priorizar y centrarse en realizar eficientemente su trabajo legal.

El servicio no diferencia si es adulto o adolescente infractor todo imputado debe participar en el proceso sin dañar o quebrantar el debido proceso.

Los defensores penales son aquellos que integran la Dirección General de Defensa Pública y también, los adscritos a ella mediante convenios y que no mantienen ninguna relación laboral con el Ministerio de Justicia. Es un avance importante que sea requisito hablar quechua o Aymara en las zonas donde estas lenguas son utilizadas, además de una serie de tradicionales requisitos que supone que el defensor penal es un profesional idóneo.

El defensor penal no acude solo ante el que demuestre escasos recursos lo hace también para validar las acciones procesales cuando el imputado no cuenta con defensor.

¿La seguridad Ciudadana de quién?

Obligado a vivir en su ficción y mentira, García retoma el comienzo del día con la misma tranquilidad que la anterior y la anterior. Sus frases se reeditan de mejor manera y no deja de observarse desde lentes y enfoques diferentes. La patología del que esta en lo cierto muchas veces se confunde con hipocresía, ¿acaso uno cree realmente lo que dice o juega a hacerse el loco?

Djanjo espera una oportunidad para moverse y García habla por la radio, es 1986 y la composición seguridad ciudadana ya resuena, esta está a cargo de los alcaldes –dice- y es tarea de todos. Imposible no imaginar defensa civil: tarea de todos. La verdad es que es mentira.

Tarea de todos no es. De seguro que jugaría un papel importante un comité de seguridad en el que participen ex - convictos, pandiller@s que negocian impunidad, población en riesgo, victimizados más de una vez y victimarios frecuentes. Es mentira que ciudadanos consumidores de sicotrópicos ilegales tengan espacio para alentar un consumo racional, es más sencillo y para muchos mejor apelar al conductismo. Alguien ha visto un comité de SC integrado por mujeres que participan del comercio sexual, incluso, alejados de liberalismos, se ven comités en donde participen estudiantes estatales o grupos de graffiteros. La respuesta es vieja: No, no hay y si existen es una excepción o quizás una anomalía.

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC) es un ejemplo organizativo para otros países de la región, es considerado nuestro producto bandera como es el policía del plan cuadrante en Chile o el plan de la cultura de Paz en Bogota. Sin embargo, una encuesta a expertos organizada por este blog –es decir, por mí - e ingresada al software del Sistema Métrico de Impactos Cruzados (SMIC), ha permitido un análisis probabilístico a partir de las tendencias, dando señales del futuro y presente de este producto bandera.

La investigación observa los países de Chile, Perú, Colombia y México y califica las hipótesis expuestas en tres dimensiones: baja probabilidad, mediana y alta probabilidad. A manera regional se concluye que existe, de un modo bastante tenue una “alta probabilidad” de que se reconozca y consoliden Sistemas Nacionales de Seguridad Ciudadana; que es similar la tendencia a que se consoliden Planes Nacionales; que existe una “mediana probabilidad” de que se modernicen y profesionalicen las fuerzas de seguridad pública; y finalmente, una reducida “mediana posibilidad” de que cambie la matriz de pensamiento en relación a la seguridad, a considerarla como un ejercicio cotidiano hacia la vida digna.

Al observar el Perú al detalle, la puntuación se pone complicada para los peruanos, es mediana y no alta la probabilidad de que se consolide el SNSC y no hay que ser brujos. La poca integración de actores deslegitima el proceso y lo hace ineficiente, peor aún cuando se integra escasamente a los más perjudicados por la inseguridad: l@s jóvenes. Hay que agregar que el órgano central, CONASEC, no exhibe los planes regionales de SC, menos aún podrá hacer seguimiento de los locales, aunque si podría haber identificado ya los territorios complicados y realizar monitoreos transparentables, pero no, nada todavía. Al menos nada con lo transparentable.

El ejercicio anual de diseñar políticas nacionales – bastante mal diseñadas por la dificultad de hacer seguimiento- es observado en el análisis prospectivo como de mediana consolidación y bastante, bastante lejos la posibilidad de que las fuerzas de seguridad se modernicen o profesionalicen, menos aún que cambie la matriz de pensamiento de control y reacción hacia la construcción de vida digna.

Las alocuciones, poco o muy poco transforman escenarios, mientras que las acciones distantes a la cotidianeidad si lo hacen. La ruptura con el conservadurismo, la puesta a prueba de la costumbre, presa de la libertad, es un camino atrayente, es una ruta de políticas y de programas innovadores e inclusivos.

¿Cómo estará el tono?

El día 27 de Junio van -se supone-todas las alcaldesas y regidoras al Museo de la Nación a llevar a cabo una actividad dentro del encuentro anual de gobiernos locales (AMPE).

En el taller se analizarán las Perspectivas de la Agenda de Género en la gestión municipal, se desarrollará el Taller Experiencias Municipales Internacional con disertaciones sobre el Proyecto latinoamericano de ciudades seguras y el Concurso internacional sobre ciudades seguras para mujeres y niñas. Al finalizar la cita juramentará la Comisión Organizadora de la Red de Mujeres Autoridades de la AMPE.

Lo sorprendente es que la bienvenida y declaración inicial la da Antonio Meir, Alcalde de San Isidro y nada menos que el viejo del cantante y telenovelesco "Zorro". .. ¿Cantará?, ¿irá su hijo?. ¿Esto es enfoque de género?...Pssssss.......

Suben los precios, caen los árboles.

A propósito de las ultimas alzas de precios en los mercados y la cinematográfica reacción del gobierno, uno no termina de preguntarse porqué es que suben. ¿Acaso los minoristas engañan y especulan porque se han coludido con la oposición al régimen o, es que los mayoristas han elevado los precios porque se dieron cuenta que la plusvalía es mayor siempre que los campesinos sigan vendiendo barato?.

En economía rezan varios principios, pero cuando se enfoca a las finanzas públicas, corre la función de la escasez, causa principal para elevar los precios. Ya ocurrirá con más agudeza con el agua en la Lima de lueguito.

Al elevarse las exportaciones, Perú parece haber entrado, junto a otras recetas globales, a colocarse entre los de mayor crecimiento mundial, sin embargo, la repercusión interna recién comienza. Lo que se exporta merece un tratamiento especial y, segundo, se debe alcanzar la demanda exigida, por tanto, la prioridad esta en el agente externo y no en el histórico mercado interno. Hay que cumplir con el contrato sino le compran a otro, Chile o Ecuador, por ejemplo. Así que alguien deberá quedarse desabastecido y para llevar ese producto a la mesa deberá pagar algo mas, voilá, una razón no debatida de porqué suben los precios.

Ahora bien, paralelamente se discute el proyecto de ley que busca concesionar las zonas eriazas en la Amazonía. Desde pequeño construí en la cabeza que la Selva no tiene zonas eriazas, es la selva pues, donde habita tarzán con chita como lazarillo. La propuesta quiere entregar al privado espacios planos, desolados. ¿En la Selva? Añadamos que en nuestra Amazonía se deforestan unas 15 hectáreas por hora. Y qué se puede hacer en esa tierra, pues lo que ocurrió en países vecinos que debieron afrontar demandas externas antes que interna, sembrar. En Chile se han quemado cientos de hectáreas de bosques milenarios para afrontar la gran demanda externa y un país de frutas sabrosas tiene en los mercados frutas de tercera o cuarta calidad.

La salida es la autarquía demandada en el plan de gobierno Nacionalista, pues definitivamente no. Juguemos a dos manos, por un lado extender el sistema de cultivo que ya aplica la sierra peruana, apostando al cooperativismo y asociatividad, pero no desde el Estado sino entre los propios campesinos. Con regulación y Promoción estatal. Y por otro sigamos abasteciendo con calidad a los mercados externos, ¿o qué buena idea, y si no solo vendemos materia prima?

No es broma añeja que hace mas de 500 años se aprovechaban las tierras andinas de una manera sorprendente, pues que se espera para promover ese tipo de practicas. De seguro que al hacerlo habrá mas demanda exportable pero estoy seguro que no quiero terminar vendiendo todo y al final, tomar chilcano con una caja de jugo de naranja.

Santiago, 26 de Marzo de 2008

PD. Unos 9,7 millones de hectáreas están aptas para reforestar en la Amazonía y de ellas, 659 mil se ubican en Loreto

Fuentes busca su puente. A propósito de la independización de Puno.

Fuentes busca su puente. A propósito de la independización de Puno.

El plan de Fuentes, Presidente Regional de Puno, no parece ser tan malo y menos aún novedoso. Es copiar un poco de lo que ya hacen por costumbre aquellos que cuentan con poca propuesta, mala gestión y escasa confianza. Como aquellos líderes nacionales que pretenden aglutinar en torno a un enemigo en común, Chile va y Chile viene; Don Hernán Fuentes (de Avanza País – Partido de Integración Social, figura del frejolito), con menos del 20% de apoyo en las elecciones del 2006, ínfima dirección en su Comité Regional de Seguridad Ciudadana y máxima autoridad del departamento con menor nivel de ausentismo, por debajo del promedio nacional, tanto en las elecciones generales del 2006 (8.98%) como en el referéndum constitutivo de regiones del 2005 (9.56%). Busca aglutinar en torno a la Nación Aymara y puede que le resulte beneficioso, aquello que el denomina un proceso largo.

Sucede que el Estado ha funcionado siempre a espaldas de Quechuas, Amazónicos y Aymaras, ha patrocinado normas y directivas en una única lengua ignorando el multilinguismo peruano, vigorosamente vigente a inicios del siglo XXI y esto no es signo de ningún retraso sino de potencialidades aún desaprovechadas. Las imágenes construidas por el lenguaje trae una percepción distinta del mundo; igualito que si se estudiara el Francés o el Alemán.

Fuentes sabe que separarse es una tarea infructuosa pero si quiere pararse sobre la mesa pública y recomponer su derruida imagen aprovechando lo vigoroso que es el pueblo de Puno en lo que a activismo se trata. Es una oportunidad que el Ejecutivo debería tomar con las manos y aprovecharla en beneficio de la regionalización y la consolidación de un estado unitario y descentralizado en las autonomías de nuestros sub niveles de gobierno. ¿Qué debería hacer?

Primero, la Presidencia del Consejo de Ministros, que lidera actualmente la
descentralización debería conformar una mesa que agrupe a ciudades Aymaras, Quechuas y Amazónicas para discutir la posibilidad de un régimen especial. Esto no tiene nada de extraño, ellas mantienen su autonomía y el Estado Peruano su fuerza y presencia nacional tal como ocurre con las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco. ¿Acaso el trato desigual a quienes son desiguales no reduce los conflictos?
Segundo, en Perú, el distrito de Magdalena, la Provincia de Huaura y los Gobiernos
Regionales gozan de autonomía política pero dentro del marco soberano de la República. Ya lo expuso claramente el Tribunal Constitucional cuando se quiso reglamentar la producción de Hoja de coca en Cusco y Apurimac.
Tercero, un vez enganchados sobre la futura especialidad de estas zonas, iniciar pilotos
multilinguisticos trabajando conjuntamente en normativa regional que reglamente la participación ciudadana en la formación de ordenanzas de carácter regional y municipal (olvidado derecho de participación denominado iniciativa normativa); así como para la aplicación de referenduns en los niveles locales y regionales.
Cuarto, buscar conjuntamente, inversiones nacionales y extranjeras para que sean
desarrolladas con la siempre vigilante actuación del gobierno regional y su ciudadanía, ahora si – bajo el supuesto anterior - con capacidades reales de participación y control.
Y finalmente, establecer un periodo de dos años para evaluar el impacto y los resultados de estas iniciativas y si decantan en beneficio de la población y la acercan a las autoridades.

Una respuesta confrontacional de parte del ejecutivo aumentara la leña de un fuego siempre presente en la falsa dicotomía centralismo/descentralización. Esta retórica, tampoco es reciente en la historia peruana y trae de saque, respuestas autoritarias como las vividas con Leguía o recientemente, con Fujimori. La descentralización, como la política, no es un proceso inofensivo o pacífico y las soluciones pueden ser a veces peores que la enfermedad.

Santiago, 18 de Marzo de 2008

Un salto adelante y dos atrás. Reflexiones cortas a propósito de los decretos legislativos sobre seguridad ciudadana, terrorismo y narcotráfico.

El gobierno puso en marcha nuevos criterios de actuación pública y para contrarrestar las bandas delictivas, el narcotráfico y terrorismo ha preferido empapelar antes que aceitar las ruedas de la prevención y el control del delito. Son once decretos legislativos que sin cortapisas ya se encuentran funcionando y que acarrea más enemigos que amigos pactistas por la gobernabilidad. Ocho muertos en apenas un año de gobierno demuestra que los necesita con urgencia.

Entre los palos del tipo penal de la extorsión entró el derechazo contra las protestas sociales. El supuesto de hecho de la norma, obligar por medio de la violencia favores que benefician a uno o a terceros, se ha pretendido dentro de las facultades delegadas por el congreso para legislar sobre bandas delictivas. Ahora que el partido de gobierno tiene tan solo tres presidentes regionales, luego que en el 2002 contara con 12 regiones a su favor y que lideraron sendas jornadas de protesta contra el gobierno de Toledo, les resulta incomodo, considerado violento e inconstitucional, que estas reciban el apoyo de autoridades regionales o locales. El criterio recibe el irreflexivo apoyo de empresarios que han olvidado que cuando en política se golpea al oponente este solo espera el momento para devolverlo con creces, cuesta entender que la sostenibilidad de los negocios pasa también por el dialogo.

La “supuesta” inimputabilidad del agente policial que usa el arma en cumplimiento de su función, causando daños incluso la muerte, no necesita ser normada. Un policía, que además paga por las balas que utiliza, convive con los mismos criterios de razonabilidad que un ciudadano común al hacer uso de la legítima defensa, en ambos casos, el proceso igual se iniciará. Peligroso y absurdo que el responsable de la violencia legítima del Estado sea puesto, por inimputable, al nivel de un incapaz o un menor de edad y, por tanto, exento a la apertura de procesos cuando por se funcionario estatal es más responsable de sus actos.

Se sanciona y fuerte a servidores estatales que encubren a implicados en lavanderías de dinero y acciones terroristas pero no se contiene a los que encubren bandas delictivas, razón de la delegación de facultades. En el año 2001, en una inédita encuesta a policías, declararon que lo primero que debería ser mejorado es la lucha contra la corrupción: el 49% señalo que la tarea más importante de la (trunca) reforma policial era depurar a los corruptos, el 64.7% apoyaba la creación de una unidad complementaría que luchara contra la corrupción; y, el 58.1% veían la labor de la inspectoría como insuficiente. Si bien es cierto que las preguntas no discriminaron entre corrupción operativa y la administrativa, es un conocimiento de barrio que existen policías que conocen y colaboran con las cadenas delictivas.

Por otro lado, la neo penalización de la comercialización y siembra de las consideradas drogas, es más de lo mismo, cuando en la otra acera del mismo fenómeno, no se hace nada por controlar el consumo problemático. Por poner un ejemplo, en San Juan Bautista (Huamanga – Ayacucho), el licor que se ingiere en las chicherías cercanas a los colegios vale un sol. Resulta más sencillo tomarse dos botellas y estar alejado de la realidad y cercano a la trasgresión, que conseguir un paquete de cocaína o marihuana que por su precio – aunque bastante accesible- segmenta el mercado.

Hay anotaciones interesantes como la imposibilidad de suspender la pena si se trata de un reincidente, y otras, que no era necesario normar, menos aún en una sociedad que sufre de la informalidad frente a la norma. El gobierno debe darse cuenta que mas que normas se necesita acción pública concertada, trabajos mas cercanos entre policías y fiscales, ensayar en un distrito de alta concentración delictiva, la implementación con tribunales de justicia y no dejarlo en las manos autónomas del Poder judicial, como hace en los decretos, sumar tecnologías de información, antes que mas patrulleros, en pro de un mejor manejo de datos y superiores practicas investigativas.

Al congreso aún le queda revisar los decretos que deben estar en la comisión de constitución, el reglamento les da diez días, esperemos algunos mas, pero obligatoriamente deben presentar un dictamen. Dejarlo pasar va a significar la extensión de un pensamiento represivo y conservador para enfrentar la delincuencia, una matriz de políticas que hace, por ejemplo, que la municipalidad de Breña le pida a los comandos del ejército que capaciten a sus serenos. El camino esta por otro lado y el ciego marcha sin bastón bajo la lluvia. Felices Fiestas Patrias.

Santiago de Chile, 27 de Julio de 2007

¿Jefaturas destacadas o todo lo contrario?.

La VII Región Policial (Región Lima y Lima Metropolitana) ha dado cuenta de su última medición de la función policial, donde se destaca el trabajo de las jefaturas policiales de Cercado de Lima y el Callao, porque es ahí donde se ha llevado a cabo el mayor número de detenciones, recuperación de autopartes, desarticulación de bandas, mayor incautación de droga, de armas sin licencia y se a detenido a requisitoriados. El informe señala que se ha medido bajo tres criterios: (i) la lucha contra las drogas, (ii) la inseguridad ciudadana y (iii) el acercamiento policial.

Que en un mes se desarticulen 17 bandas en el distrito de San Martín de Porres es algo preocupante, además de medio imaginario creer que una banda delictiva opera con puros miembros visibles y sin el amparo de operadores estatales. Según el reporte, dice www.seguridadidl.org.pe, la JD del Cercado fue la más destacada al desarticular 10 bandas de delincuentes y detener a 49 personas requisitoriadas y a 142 por delitos flagrantes. También en lucha contra el narcotráfico decomisó 8 kilos de PBC en el último mes y 345 pacos de marihuana.

Criterios de evaluación

La lucha contra el comercio de drogas ilegales y el acercamiento policial son elementos de la seguridad ciudadana, el grado de inseguridad ciudadana, tercer componente de esta medición, solo es corroborada con encuestas de victimización, las que no se han realizado en ningún distrito y cuando se han llevado a cabo reflejan sistemáticamente que más del 80% de las personas temen ser victimas de algún delito. Sólo existe un caso probado donde la percepción de inseguridad se redujo considerablemente, la experiencia tuvo lugar en el distrito de Chilca, Huancayo, después de un año de ejemplar intervención colectiva y activa de su comité distrital, completando la cadena de seguridad iniciada en trabajos de prevención hasta la aplicación de penas alternativas vigiladas por el propio comité distrital.

Observar cuantitativamente el funcionamiento de las jefaturas policiales es una forma "ingenua o interesada" de mirar el rendimiento policial. Si el rendimiento es por la mayor cantidad de droga decomisada no será posible que exista un incremento en la comercialización y distribución del producto dentro de la jurisdicción; y acaso, ¿no será siempre el mismo costo de perdida que tienen las mafias que operan bajo el amparo de regentes estatales?

Es un buen paso el dado por la P.N.P. al intentar un tipo de evaluación, pero es tan solo eso, un primer paso. Se requiere problematizar los resultados desde varios enfoques Hace casi un año, la Organización ALTUS, llevo a cabo visitas en cuatro comisarías de Lima para evaluar la orientación de las comisarías a la comunidad; las condiciones físicas en las que se encuentran; la igualdad de trato al público sin discriminación basada en el género, la pertenencia étnica, la nacionalidad, la situación de minoría o la orientación sexual; la transparencia y responsabilización; y, las condiciones de detención.

La observación policial debe cruzar varios tipos de indicadores y no sólo los mediaticamente correctos. Nos comprometemos a que en un futuro, no lejano, publicaremos un posible listado de indicadores de la función policial.